Un poder enorme sin contrapeso institucional
El 6 de abril de 2026 la Suprema Corte validó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluya a una persona en la Lista de Personas Bloqueadas con base en "indicios suficientes", sin orden judicial previa y sin necesidad de una solicitud extranjera. La Corte calificó el bloqueo como una medida cautelar administrativa, no como una sanción penal.
Para una empresa, la diferencia es académica: con las cuentas inmovilizadas no hay nómina, proveedores ni pago de impuestos. Cuando una autoridad puede detener la operación de un negocio de un día para otro, la pregunta clave deja de ser qué puede hacer y pasa a ser quién la controla. Hoy la respuesta es: el mismo Poder Ejecutivo que compite en la arena política.
El problema no son las personas, es el diseño
La UIF es una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda. Su titular lo propone el Presidente, lo ratifica el Congreso y puede ser removido o reasignado en cualquier momento. En agosto de 2025, por ejemplo, Pablo Gómez dejó el cargo para encabezar la comisión presidencial de reforma electoral y fue sustituido por Omar Reyes Colmenares.
Ese esquema genera tres riesgos para cualquier empresa, sin importar el partido en el gobierno:
- Riesgo de uso selectivo. Quien decide a quién bloquear depende jerárquicamente de quien tiene adversarios políticos.
- Riesgo de inestabilidad. Las prioridades de la Unidad cambian con cada titular y cada sexenio, y con ellas los criterios de riesgo.
- Riesgo reputacional. Aunque un bloqueo sea técnico y bien fundado, la sola dependencia del Ejecutivo invita a sospechar motivos políticos, y eso debilita la credibilidad del propio sistema antilavado.
Qué exige el estándar internacional y qué hacen otros países
La Recomendación 29 del GAFI no impone un modelo, pero sí exige independencia operativa: la UIF debe actuar libre de influencia política, gubernamental o industrial indebida. Es decir, el piso internacional ya pide lo que México no garantiza por diseño.
La propuesta: una UIF con rango de órgano constitucional autónomo
La solución de fondo es sacar a la UIF de la estructura jerárquica de Hacienda y darle autonomía constitucional. Un diseño viable tendría seis piezas:
- Titular designado por el Senado con mayoría calificada, a partir de un concurso público con perfil técnico verificable.
- Periodo transexenal de siete a nueve años, con remoción solo por causas graves previstas en ley.
- Presupuesto propio con piso garantizado, para que no se negocie año con año con la Secretaría que supervisa.
- Servicio profesional de carrera para analistas, que dé continuidad a las capacidades más allá de cada titular.
- Control judicial expedito del bloqueo: la UIF puede inmovilizar cuentas de inmediato, pero un juez especializado debe confirmar la medida en un plazo breve, por ejemplo 72 horas.
- Rendición de cuentas medible: informes periódicos al Congreso, auditoría de la ASF y publicación de cuántos bloqueos se sostienen en tribunales.
Con ello se gana en dos frentes: el Estado conserva una herramienta ágil contra el lavado, y las empresas obtienen certeza de que la medida responde a criterios técnicos y no a la coyuntura.
La objeción obvia y por qué no alcanza
La objeción más fuerte es política: en diciembre de 2024 una reforma constitucional extinguió varios órganos autónomos con el argumento de su costo y duplicidad.
Proponer uno nuevo va contra la corriente. Pero el caso de la UIF es distinto: su estructura y su gasto ya existen, así que la autonomía cambia la línea de mando, no el tamaño del Estado.
Si la vía constitucional no es viable en el corto plazo, hay una ruta intermedia por ley: autonomía técnica y de gestión, periodo fijo para el titular y control judicial del bloqueo. No es la solución ideal, pero reduce el riesgo desde ya.
Una autoridad que puede congelar el patrimonio de una empresa sin juez debe ser, como mínimo, independiente de quien gobierna.
No se trata de debilitar el combate al lavado, sino de hacerlo creíble, y la credibilidad, para un inversionista, vale tanto como la eficacia.
- Gerardo Lara
